CAPÍTULO 5: LEY 24/2009, EL SÍNDIC DE GREUGES (EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE CATALUÑA)

El Síndic de Greuges (el Defensor Del Pueblo de Cataluña) tiene la función de atender las quejas de todas las personas que se encuentran desamparadas ante la actuación, o la falta de actuación, de las administraciones. Vela por el buen funcionamiento de la Administración de la Generalitat y de los entes locales de Cataluña, como los ayuntamientos, las diputaciones o los consejos comarcales. Por lo tanto, actúa como supervisor y colaborador de la Administración catalana, con el objetivo de ayudar a mejorar su funcionamiento.

También supervisa las empresas privadas que prestan servicios de interés público, tales como la luz, la telefonía, el agua, el gas, el servicio postal, etc.

En fecha 23 de diciembre de 2009, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 24/2009, del Síndic de Greuges, que sustituye a la regulación anterior.

Esta ley tenía por objeto:

  1. a) Regular el Síndic de Greuges, definiendo las funciones de protección y garantía de los derechos constitucionales y estatutarios.
  2. b) Atribuir al Síndic de Greuges la condición de autoridad catalana para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La institución catalana del Síndic de Greuges, sin embargo, coexiste con la figura del Defensor del Pueblo, en el ámbito estatal. El Defensor del Pueblo tiene como misión garantizar y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos ante las actuaciones de las administraciones públicas. El umbral que separa las competencias de ambas instituciones no siempre ha sido fácil. En este sentido, se aprobó la ley estatal 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares de las diferentes Comunidades Autónomas. En esta ley, se deja muy claro que la competencia originaria corresponde al Defensor del Pueblo, pero que las figuras autonómicas (Síndic de Greudes, en el caso de Cataluña) pueden desarrollar sus tareas para vigilar el funcionamiento de:

– Su administración autonómica

– La administración local (Ayuntamientos, por ejemplo), siempre que sea en ejercicio de competencias que la administración autonómica le ha delegado previamente.

En todo caso, las dos instituciones deben ir concretando como col • laboren y cooperan entre sí.

En este sentido, es en este caso el Defensor del Pueblo quien interpuso recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos de esta ley, básicamente en dos sentidos:

1.- Porque considera inconstitucional que la Ley 24/2009 atribuya al Síndic de Greuges facultades de supervisión sobre la Administración local y los organismos que dependen de esta administración, sin limitarlas a aquellas materias en las que el Estatuto atribuye competencias en la Comunidad Autónoma y que ésta además hubiera transferido o delegado en las administraciones locales.

El Defensor del Pueblo entiende que esta previsión vulnera, esencialmente, las competencias que le corresponden de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del la Constitución Española.

2.- También se opone a que se designe al Síndic de Greuges como “Autoridad Catalana para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. El Defensor del Pueblo considera que estas previsiones vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales (artículo 149.1.3 Constitución). De acuerdo con lo previsto en la Constitución, las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, y designó al Defensor del Pueblo mecanismo nacional de prevención de la tortura del Protocolo facultativo.

La creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura se previó en el Protocolo facultativo de la convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002, y ratificado por España el 3 de marzo de 2006.

Pues bien, el Tribunal Constitucional dictó sentencia resolviendo este recurso de inconstitucionalidad, la Sentencia 46/2015, de 5 de marzo (Recurso de inconstitucionalidad 2.502-2010).

En primer término, se remite a la STC 31/2010, de 28 de junio (la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña), y explica que ya se resolvió en ese momento que toda atribución de competencia que se haga al Síndic de Greuges, será inconstitucional si se hace “en exclusividad”. Considera el Tribunal Constitucional, que todas las funciones que tiene el Síndic de Greuges no pueden ser competencias exclusivas, que sólo pueda ejercer esta institución ya que esto haría imposible la actuación del Defensor del Pueblo respecto de la Administración catalana, y esto sería contrario al artículo 54 de la Constitución.

Por lo tanto, toda referencia a las competencias del Síndic de Greuges, si van acompañadas de la expresión “en exclusiva”, son y serán inconstitucionales.

También recalca la sentencia que todas las referencias que esta ley 24/2009 con relación a las relaciones de colaboración del Síndic de Greuges con el Defensor del Pueblo deben entenderse en el sentido de que no imponen nada al Estado, el cual podrá actuar con plena libertad.

Finalmente, y en cuanto a considerar al Síndic de Greuges como autoridad catalana para la prevención de la tortura, también el Tribunal se muestra favorable a los argumentos del Defensor del Pueblo y considera que es inconstitucional ya que es el Defensor del Pueblo quien tiene la competencia y quién puede asumir esta condición, y no el Síndic de Greuges.

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