CAPÍTULO 4: DECRETO-LEY 1/2009 DE ORDENACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES

La Generalitat de Cataluña reguló la ordenación de los equipamientos comerciales mediante el Decreto-Ley 1/2009, de Ordenación de los equipamientos comerciales.

Como puede apreciarse, se trata de un Decreto-Ley, norma que aprueba el Gobierno y no el Parlamento. El Estatuto de Autonomía permite que en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno pueda regular una materia que, en principio, debería regularse mediante una ley y por lo tanto debería ser aprobada por el Parlamento. En estos casos, el gobierno, justificando la urgencia, prueba la norma, la publica en el DOGC, y entra inmediatamente en vigor. Pero en los 30 días siguientes a su publicación, el Parlamento debe ratificar este Decreto-Ley para que pueda seguir vigente y pueda, por tanto, continuar produciendo efectos. Si el Parlamento no ratifica el Decreto-Ley en este plazo, esta norma sólo habrá tenido una vida de 30 días.

Entrando en materia, el artículo 121.1 del Estatuto de autonomía atribuye a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva en materia de comercio que, en todo caso, incluye la determinación de las condiciones administrativas para el ejercicio de la actividad comercial y, entre otras cuestiones, la clasificación y la planificación territorial de los equipamientos comerciales, la regulación de los requisitos y del régimen de instalación, ampliación y cambio de actividad de los establecimientos y la adopción de medidas de policía administrativa en relación a la disciplina del mercado.

Teniendo en cuenta esta competencia exclusiva de la Generalitat, el govern consideró necesario adaptar la normativa reguladora de la ordenación de los equipamientos comerciales en lo que establecía la Directiva 2006/123 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior (DSMI).

En conclusión, pues, el objeto de este Decreto-Ley fue la de establecer el marco jurídico al que se tenían que adecuar los establecimientos comerciales de los municipios de Cataluña.

Asimismo, este Decreto-Ley tenía por finalidad regular la ordenación de los equipamientos comerciales en Cataluña y simplificar los procedimientos de acuerdo con la Directiva 2006/123 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, con la normativa de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, de eliminación de trámites y simplificación administrativa, y de impulso y desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalitat.

El presidente del Gobierno estatal interpuso recurso de inconstitucionalidad núm. 5491-2012, con suspensión de los artículos impugnados, suspensión que el Tribunal Constitucional ratifica hasta que dicte sentencia.

En fecha 21 de noviembre de 2013, el Tribunal Constitucional dictó sentencia declarando inconstitucionales, y por tanto nulos, los preceptos impugnados.

La sentencia considera que los artículos que se impugnan, al sujetar la apertura de ciertos formatos de distribución comercial a su localización dentro de la trama urbana consolidada de los municipios que superen un umbral de población, contradice la legislación básica del Estado que impone la regla del libre acceso a cualquier actividad de servicio y en especial a las de distribución comercial minorista, normativa estatal configurada por la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como también a la Ley 7/1996 de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.

Asimismo, el Tribunal Constitucional considera que los requisitos que la ley catalana impone el acceso y el ejercicio de la actividad de distribución comercial, considerados conjuntamente, no responden a objetivos urbanísticos, de ordenación territorial y protección ambiental, por lo que no son necesarios en virtud de una razón imperiosa de interés general. Considera que la ley catalana impone restricciones cuantitativas de carácter poblacional (50.000 habitantes) y territorial (no poder poner grandes establecimientos comerciales en emplazamientos situados en continuidad física con el tejido urbano residencial que configura la trama urbana consolidada) que no son suficientemente motivadas.

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