CAPÍTULO 2: ¿CÓMO HA AFECTADO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL ESTATUTO DE CATALUÑA DE 2006?

Seguimos con la serie de capítulos en los que iremos dando argumentos para el debate. En el siguiente texto, explicamos como el TC descabezó el Estatuto de autonomía de Cataluña.

Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatut d’autonomia de Cataluya

La sentencia de 28 de junio de 2010 del Tribunal Constitucional, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad.

Cuáles fueron las principales afectaciones? 

Los principales objetivos que pretendía el Estatut de 2006 eran:

  1. Garantizar la integridad de las competencias de Cataluña y garantizar también su ejercicio, mediante la concreción de los campos concretos en que consisten cada una de las competencias autonómicas. Es decir, el Estatuto detalla en qué consiste cada competencia para garantizar que no queden vacías de contenido o que no se puedan desarrollar íntegramente a causa de la atribución genérica de competencias que la Constitución atribuye al Estado.
  2. Articular unas nuevas relaciones con el Estado que fortalezcan la participación entre los dos mediante mecanismos de participación bilateral.
    Garantizar una mejor financiación, más justa para Cataluña.
  3. Obtener un reconocimiento nacional de Cataluña, así como garantizar sus elementos identitarios esenciales, entre los que está el catalán como lengua propia y todo un conjunto de derechos lingüísticos.

Resumiendo, entre las declaraciones de inconstitucionalidad de algunos artículos, y la interpretación que la sentencia obliga a hacer a otros artículos del Estatuto, se puede afirmar que el Tribunal Constitucional elimina prácticamente todas las previsiones que la norma institucional catalana introducía para alcanzar estos objetivos:

  1. En lo que a competencias se refiere, manifiesta que un Estatuto no puede detallar los sectores y subsectores en que consistirá la atribución de una competencia. Y en este sentido, esta doctrina constitucional es opuesta a lo que manifestó el propio Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de Autonomía de Valencia (STC 247/2007). Es decir, considera que la Constitución es la única norma que puede delimitar las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, sin permitir que los estatutos, que no dejan de ser normas estatales, terminen de delimitarlas.
  2. En cuanto a las relaciones Estado-Generalitat, el TC no da ningún valor vinculante a las previsiones que hace el Estatut en cuanto a la participación de la Generalitat, ya que considera que deben reducirse a una simple colaboración voluntaria entre las dos instancias. Por tanto, no permite que los estatutos puedan determinar regímenes de colaboración y cooperación no voluntarios, a no ser que la Constitución lo reconozca expresamente. Vale la pena repetir que los estatutos de autonomía son leyes estatales que, aparte de ser aprobadas por el Parlamento, son aprobadas también por las Cortes Generales. Por eso sorprende esta desconfianza y prudencia exagerada a la hora de interpretar y dar cabida al Estatuto de Autonomía de Cataluña dentro del llamado Bloque de Constitucionalidad.
  3. En cuanto a la financiación, el Tribunal Constitucional excluye la participación orgánica respecto a los organismos decisorios, y manifiesta que corresponde al Estado hacer o no efectiva en cada caso y con total libertad esta participación, su alcance concreto y la manera específica como se debe articular.La sentencia del Tribunal Constitucional reitera su interpretación extensiva de la competencia estatal sobre la Hacienda general y devalúa la función de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, ya que pasa por encima un marco de decisión estatal y multilateral.                                                                                                                                                                                                                                                                    Asimismo, declara inconstitucionales y nulas las previsiones estatutarias que condicionaban las aportaciones catalanas para que otros gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares de prestación de servicios a que estos otros gobiernos lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar. En definitiva, el TC afirma la competencia del Estado para establecer el sistema de financiación autonómica y limita el Estatut a prever algunos de los canales por los que deben transcurrir la coordinación y la cooperación que la propia Constitución establece entre el Estado y las comunidades en este ámbito.
  4. En cuanto al reconocimiento de la identidad singular de Cataluña, el Tribunal elimina cualquier tipo de significado jurídico y político. El TC en general se esfuerza para ceñir el reconocimiento nacional al terreno cultural y se esfuerza por negar cualquier otra consecuencia de estas declaraciones.

Por último, cabe recordar la especial gravedad de esta injerencia del TC en el Estatut de Autonomía que ya destacó el informe elaborado por un Grupo de expertos a instancias del Presidente de la Generalitat del momento, el Muy Honorable Sr. José Montilla Aguilera, en sus conclusiones:

  1. La sentencia debilita significativamente la función constitucional del Estatut d’autonomia y sustituye su papel en el bloque de la constitucionalidad.

  2. La sentencia trata con frecuencia el EAC como una ley meramente autonómica, a través de la cual la comunidad autónoma pretendería imponer al Estado obligaciones y mandatos, y olvida que es una norma estatal fruto de un pacte político entre la Generalitat y el Estado.

  3. La sentencia no aplica su reiterada doctrina sobre el principio de deferencia hacia el legislador que, en este caso, debería ser aplicado de forma si cabe más exquisita debido a la función constitucional del Estatut y por el plus de legitimidad que se deriva del procedimiento de elaboración y aprobación. Por el contrario, la sentencia está impregnada de una prevención injustificada respecto al contenido del Estatut d’autonomia.”

 

 

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