Cataluña, Español, Internacional (esp)

España acusa a Puigdemont y a 12 políticos catalanes de rebelión.

Screenshot_20180629-2258421008974416Traducción del Artículo de Ralf Streck en Telépolis. 28-06-18

https://www.heise.de/tp/features/Spanien-klagt-Puigdemont-und-12-katalanische-Politiker-wegen-Rebellion-an-4093583.html

Se hacen acusaciones absurdas y el siguiente paso es suspender a siete parlamentarios catalanes en la cárcel o en el exilio

Nada disuade al juez investigador español Pablo Llarena y su Corte Suprema de absurdas acusaciones contra políticos catalanes. En un fallo, el Tribunal Supremo considera que la acusación de rebelión de Llarena contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y 12 de sus colegas es “lo suficientemente realista”. Supuestamente ha habido un “levantamiento” con un “abuso de poder” para asegurar la independencia de Cataluña de España, sostienen tres jueces en el Tribunal Supremo en un fallo anunciado el miércoles.

Con estas descripciones, la Corte trata de eludir el hecho de que una rebelión en España requiere una “levantamiento público violento”. Esto está literalmente en el artículo de la rebelión, que fue incluido en el Código Penal en 1995. El socialista Diego López Garrido puso el artículo, teniendo en mente el golpe de los generales de Franco en 1936 contra la República y el intento de golpe en 1981 cuando los paramilitares Guardia Civil irrumpieron en el parlamento. Por lo tanto, Garrido también considera los cargos de rebelión contra los catalanes retorcidos. Los principales constitucionalistas consideran esta acusación simplemente grotesca. Javier Pérez Royo dice que no puede haber ninguna rebelión, en una lucha no violenta por la meta de la independencia de una región: “Sin violencia no hay rebelión”, explicó el profesor andaluz con vistas a las protestas violentas en Cataluña.

Lo que no se ajusta, es adecuado por el Tribunal Supremo

Contra esta arbitrariedad se han presentado recursos contra Llarena y tres jueces de la Sala de Apelaciones. El propio Llarena pronto tendrá que comparecer ante un tribunal en Bélgica. Allí, sus solicitudes de extradición fueron denegadas contra tres ex consellers del gobierno catalán, dos de los cuales continúan siendo acusados ​​de rebelión.

Contrariamente al texto legal de la rebelión de los tres jueces Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro ahora inventan una “rebelión sin armas”. No es “descabellado” afirmar que, teniendo en cuenta el proceso de independencia en Cataluña, que proviene de las autoridades de una región autónoma.

Dado que el argumento es más que débil, los jueces continúan aferrándose a una supuesta violencia “contra las personas”, como lo demuestran los muchos “heridos”. Sin embargo, éstas son las innumerables personas que fueron golpeadas por las fuerzas de seguridad con balas de goma ilegales, en una “operación de estilo militar” cuando España trató por la fuerza bruta de evitar el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre. Por lo tanto, el levantamiento violento de los catalanes es causado por la violencia de las fuerzas de seguridad.

Incluso si uno sigue el argumento abstruso de los tres jueces, entonces en el caso del “Jordis” es completamente absurdo. Porque Cuixart y Sánchez no estaban en el gobierno. Ni siquiera eran miembros de la presidencia parlamentaria, que, como la ex presidenta Carme Forcadell, también está siendo acusada de rebelión. Los Jordis ni siquiera se sentaron en el parlamento. Eran o son (como en el caso de Cuixart) presidentes de organizaciones de la sociedad civil y ya estaban en la cárcel cuando finalmente se anunció la república el 27 de octubre de 2017.

En total, 12 políticos y activistas catalanes serán acusados ​​de rebelión junto con el ex presidente catalán Puigdemont, quien se encuentra en el exilio alemán. El siguiente paso es que Llarena, de línea dura, solicite y haga cumplir la suspensión de siete parlamentarios. Además de Puigdemont, también afectará en el exilio a Toni Comín, que se encuentra en Bélgica. Además, también afectará a cinco presos preventivos que están detenidos, desde el pasado mes de octubre como el ex vicepresidente de Puigdemont, Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana (ERC) y los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull.

De todos modos Llarena había frustrado el ejercicio de sus derechos políticos de todas las maneras posibles ý por motivos abtrusos desde las elecciones impuestas del 21 de diciembre. El juez violó los requisitos del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Llarena ni siquiera había dejado que Jordi Sànchez fuese al parlamento para poder ser elegido presidente catalán e hizo que Jordi Turull fuese a la cárcel más rápidamente para evitar su elección como presidente en segunda vuelta.
El Tribunal Supremo se está poniendo a sí mismo cada vez más en un callejón sin salida y se aferra a las acusaciones para encarcelar a los presos que el poder judicial pudo encontrar hasta 30 años. Con los exiliados, a la judicatura española le va bastante mal. Bélgica ya ha rechazado las entregas después de la orden de arresto europea de Llarena. En Suiza, las señales para Llarena también son muy malas en el caso de la Secretaria General de ERC, Marta Rovira. Los confederados han dejado claro durante mucho tiempo que uno no extraditará por ideas políticas y también rechazaron un intento de intercambio de prisioneros.

Que Gran Bretaña extradite a Clara Ponsatí por presunta rebelión en España, es tan poco probable como la extradición de Puigdemont. Él se quedará en Alemania hasta la decisión final. Debido a las amenazas masivas, pues ha sido abordado por los turistas españoles también, ha dejado Berlín y ahora está en Hamburgo, así reside también más cerca del tribunal regional superior en Schleswig-Holstein.

El tribunal describió rápidamente las acusaciones de rebelión como “inadmisibles desde el principio”. El intento del Tribunal Supremo de España, a reducirlos a “sedición” como en un principio eran sólo los cargos para los “Jordis”, ha provocado un fuerte repudio a los jueces en Schleswig.

Los jueces tampoco ven que haya habido un acto comparable a la alteración de la paz, ya que la violencia también es necesaria para esto. Como mucho, a lo sumo, “enfrentamientos en frente de cada uno (un total de 2.500 centros de votación)” que “podrían representar directamente un quebrantamiento de la paz”, pero que no podrían ser atribuibles a  Puigdemont u otros acusados. Además, el gobierno catalán siempre había pedido una no violencia estricta. Los jueces alemanes incluso han presentado dudas considerables sobre una extradición por malversación. Porque España no puede probar que el dinero de los impuestos se gastó en el referéndum. (Ralf Streck)

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